#Makeamove Firma aquí

A principios de 2019 se celebrará en Madrid un juicio político contra líderes políticos y civiles catalanes. Durante meses, los representantes democráticamente elegidos del pueblo catalán afrontarán cargos por un delito -rebelión- que no cometieron, ya que la única violencia en el proceso de autodeterminación catalana fue la de la policía española reprimiendo el referéndum del 1 de octubre de 2017 sobre la independencia. Las instituciones españolas están tratando de convertir un derecho, el de autodeterminación, en un delito. Las sociedades democráticas no deberían tolerar que se violen los derechos fundamentales en el corazón de Europa.

Otoño de 2017: Los acontecimientos políticos y judiciales

1 de octubre: la policía española reprime violentamente un referéndum de autodeterminación en Cataluña. 1.066 votantes son atendidos por los servicios médicos. 250 colegios electorales son clausurados. A pesar de la represión, se celebra el referéndum: se emiten 2.286.217 votos (43% de participación) cuyo 90% (2.044.038) son a favor del SÍ.

16 de octubre: dos presidentes de organizaciones civiles catalanas, Jordi Sànchez, de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural (ÒC), son encarcelados en prisión preventiva sin fianza acusados de sedición a raíz de una manifestación pacífica que tuvo lugar el 20 de septiembre.

27 de octubre: el Parlamento catalán aprueba una declaración de independencia (70 diputados a favor, 10 en contra, 2 en blanco y 52 ausentes). El mismo día, el gobierno español activa la administración directa, destituye al gobierno catalán, disuelve el Parlamento de Cataluña y convoca unas nuevas elecciones.

2 de novembre: el presidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro ministros se exilian a Bruselas, mientras que ocho ministros (la mayoría de ellos retornados voluntariamente desde Bélgica) son encarcelados sin fianza en Madrid, acusados de rebelión por haber organizado el referéndum que conduciría a la resolución parlamentaria que declaró la independencia.

21 de dicembre: Elecciones al Parlamento catalán. Ganan las opciones independentistas. Con una participación del 70,09%, los partidos favorables a la independencia obtienen el 47,5% del voto popular y 70 escaños, los partidos antiindependentistas el 43,3% del voto popular y 57 escaños, mientras que una coalición pro-referéndum, pero ambivalente con respecto a la independencia, obtiene el 7,4% de los votos y 8 escaños.

Los juicios y la represión política

Julio de 2018: un tribunal alemán deniega la extradición del presidente Puigdemont por rebelión, ya que no obtiene pruebas de la violencia requerida para este tipo de delito. El juez español retira las órdenes de detención europeas para evitar tener que juzgarlo solo por malversación de fondos y/o perder los casos de extradición de los otros ministros catalanes: los de Clara Ponsatí –en Escocia–, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret – en Bélgica –; y el de la líder política Marta Rovira en Suiza (donde también se encuentra en exilio la exdiputada Anna Gabriel).

Novembre de 2018: La fiscalía propone los siguientes cargos (y penas):

  • Rebelión y malversación de fondos: al vicepresidente Oriol Junqueras (25 años de prisión); al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, al presidente de ÒC, Jordi Cuixart, y a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell (17 años de prisión); a los ministros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn, de madre ecuatoriana (16 años de prisión).
  • Desobediencia y malversación de fondos: a los ministros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila (7 años de prisión).
  • Desobediencia: a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán Anna Simó, Lluís Coromines, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Joan-Josep Nuet; y a la diputada Mireia Boya (inhabilitación y multa).

Enero de 2019: el Tribunal Supremo inicia en Madrid el juicio contra doce líderes políticos y sociales acusados de rebelión y/o malversación de fondos y desobediencia, mientras que los cinco miembros de la mesa del Parlamento catalán, con excepción de su presidenta, y la exdiputada Mireia Boya serán juzgados por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por desobediencia.
El jefe de la policía catalana, Josep-Lluís Trapero, y otros tres funcionarios de alto rango serán juzgados por la Audiencia Nacional bajo los cargos de rebelión o sedición por no haber reprimido violentamente el referéndum catalán.

Además, se está investigando a setecientos alcaldes, se acusa a varios docentes de incitación al odio por hablar del referéndum en la clase, se ha detenido a decenas de activistas (por participar en la huelga general del 3 de octubre de 2017 o en la del 8 de noviembre de 2017 o en las protestas contra el encarcelamiento de los líderes políticos). Dos de ellos han sido arrestados bajo la ley antiterrorista y algunos raperos han sido encarcelados o se han exiliado por el contenido político de sus canciones (Pablo Hasel, Valtònyc).

Violaciones de los derechos humanos

  1. La denegación del derecho de los catalanes a celebrar un referéndum es en sí misma una grave negación de la democracia
    El derecho a la libre determinación de todos los pueblos está reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España en 1977. Al reprimir el referéndum de autodeterminación, España violó otros artículos del Pacto:
    El Artículo 7 (trato inhumano o degradante de las personas por parte de la policía);
    El Artículo 19 (derecho a la libertad de expresión);
    El Artículo 21 (derecho de reunión pacífica);
    El Artículo 22 (derecho de asociación);
    El Artículo 25 (derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos)
  2. Abuso de la detención preventiva
    Cuando se inicie el juicio, los acusados habrán estado en prisión preventiva entre diez y quince meses. El juez ha denegado varias veces su liberación, por motivos tales como no renunciar a sus creencias sobre la independencia o la probabilidad de nuevas movilizaciones.
    La resolución de las apelaciones de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la detención preventiva se ha postergado durante más de un año, bloqueando así el acceso de los detenidos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por lo tanto, al no haberse tramitado la reclamación, se ha alargado el período de daño irreparable causado por las detenciones arbitrarias.
  3. El derecho a un juicio justo no ha sido garantizado
    La mayoría de citaciones para presentarse ante el juez el 2 de noviembre fueron recibidas menos de 24 horas, lo cual constituye un atropello de los derechos fundamentales, al imposibilitar la preparación de una declaración judicial con las garantías adecuadas. Muchos de los acusados serán juzgados por un tribunal, el Tribunal Supremo, que carece de jurisdicción y les impide el derecho a apelar, dado que es el más alto tribunal ordinario. Los hechos tuvieron lugar en Cataluña y deberían haberse juzgado en Cataluña. La presidenta del Parlamento, que es miembro de un órgano colegiado (la Mesa del Parlament) será juzgada por el Tribunal Supremo, mientras que los demás miembros de la Mesa serán juzgados por el Tribunal Superior español en Cataluña. El Tribunal Supremo español ha denegado a los presos políticos catalanes el derecho a ser juzgados en su propia lengua, el catalán.
    El partido político de extrema derecha Vox, que aboga por la ilegalización de los partidos y asociaciones a favor de la independencia, está actuando como acusación popular en los juicios, solicitando sentencias de prisión que son considerablemente más altas que las que propone el fiscal.
  4. Otros derechos políticos han sido violados
    A Carles Puigdemont (presidente en el exilio) y a Jordi Sànchez (expresidente de la ANC en prisión preventiva) se les denegó el derecho, como diputados electos, a postularse para la presidencia del gobierno catalán. El Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó medidas provisionales para garantizar los derechos políticos de Jordi Sánchez, pero fueron ignoradas por el juez español.
    Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva, miembros del Parlamento catalán, han sido suspendidos de sus funciones antes del juicio.